Durante su visita al municipio de Paz de Río, en Boyacá, el presidente Gustavo Petro continúa impulsando sus reformas y ha revelado sus planes para modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en relación a la educación. Este anuncio llega en medio de las críticas recibidas por el padre de los niños encontrados en la selva, que han generado controversia en la opinión pública.
En su discurso, Petro también hizo mención a los medios de comunicación y afirmó que la presentación oficial de la reforma se llevará a cabo a partir del 20 de julio de este año, coincidiendo con el inicio de un nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República.
«Convoco a todos los movimientos estudiantiles de Colombia a participar en asambleas para la reforma de la Ley 30. Esta propuesta será presentada después del 20 de julio y es fundamental contar con la máxima participación juvenil», declaró Petro.
La Ley 30 de 1992 establece la cantidad de fondos que el Estado debe destinar anualmente a las instituciones de educación superior (IES) públicas.
¿Cuál es el motivo de los cambios que busca implementar el Gobierno?
El Espectador, en una entrevista realizada meses atrás, consultó a Sergio Lancheros, miembro del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional. Lancheros explicó que la norma actualmente vigente obliga al Gobierno a ajustar el presupuesto de las IES públicas únicamente en base a la inflación, sin tener en cuenta otros factores de gasto importantes para las universidades, como la renovación de infraestructura física y tecnológica, los salarios del personal docente y administrativo, y los avances en investigación.
«Este modelo implica que las IES públicas reciben la misma asignación presupuestaria que hace 30 años», señaló Lancheros.
Otro problema destacado por Lancheros, quien también es candidato a magíster en ciencias económicas en la Universidad Nacional, es que estos artículos no tienen en cuenta a las instituciones técnicas y tecnológicas, lo que provoca una disminución en los recursos destinados a las IES públicas.
Es importante recordar que el Gobierno de Petro se ha propuesto una meta ambiciosa durante su mandato de cuatro años: generar 500.000 nuevos cupos en las instituciones de educación superior públicas. Además, se ha hablado de aumentar el número de profesores en algunas universidades.
Con esta reforma, Petro busca revitalizar el sistema educativo y garantizar un financiamiento adecuado para las instituciones de educación superior públicas, promoviendo así la calidad y el acceso a la educación en Colombia. Se espera que la presentación oficial de la reforma sea un paso importante hacia la consecución de estos objetivos y marque un hito en el panorama educativo del país.
